Pesadilla en Pymes Street
Este Gobierno, que en teoría debería ser de corte más liberal que el anterior del PSOE, está optando por una política económica de trinchera, apurando al límite la extracción de la última gota de jugo principalmente de asalariados y pequeños y medianos empresarios.
No compro el argumento de que no se puede hacer otra cosa, porque no es cierto. La falta de ingresos es cierta, pero recortando de forma seria y responsable el gasto público estructural y manteniendo o rebajando impuestos estaríamos mucho mejor que donde estamos, y con un plazo de superación de la crisis mucho más corto.
Hasta ahora el primer envite les ha permitido superar el primer bache, y por ello ahondan en la herida, creyendo que va a ser lo mismo... pero NO LO VA A SER:
- La presión recaudatoria derivada de organismos públicos o con algo o gran intervención pública, aumentos en el IVA, el IRPF, el IBI, el IVTM, la luz, el gas, unido a la bajada de salarios y al descenso del consumo han puesto definitivamente al límite a asalariados y empresarios. Los asalariados porque una parte fundamental de su estructura de gasto es más cara, anulando los efectos de las caídas de precio de productos y servicios ofertados por el sector privado "puro", qué si se ha ajustado. Los empresarios por similares razones, tienen que hacer frente a menores ingresos por ventas, y se encuentran con que por un lado IVA e IRPF dan una dentellada adicional al ya escueto consumo y por otro lado gran parte de sus gastos se comportan en la dirección opuesta a la esperada.
- En este contexto, llega un nuevo e inesperado golpe, en forma de incremento de cotización a la seguridad social, incluyendo la incorporación a la cotización de elementos que antes no lo hacían. Este golpe se produce en enero, cuando las empresas han cerrado sus presupuestos y elaborado su estrategia para el año.
El fondo del argumento que esgrimirá el gobierno es que esta subida no es sustancial, que tendrá un impacto mínimo y que no es un problema para la gestión de las Pymes. Pero es una enorme tontería. Lo peor que hace esta medida es generar, a los pequeños, medianos y grandes empresarios, inseguridad. Los empresarios estamos acostumbrados a la inseguridad, principalmente la que viene de las ventas, pero que provenga del sector público pone muy nervioso, y con razón. Por si acaso lee este blog el Sr. Montoro, éstas son algunas de las preguntas que nos hacemos:
¿Qué pasara mañana si les falta más dinero, qué más cambiarán sin contar conmigo?
¿Vale la pena que me arriesgue a intentar sobrevivir un año más, si con otro golpe imprevisto de éstos voy a acabar cerrando?
¿Cómo afectará esta decisión al consumo y a mis ventas? ¿Cómo voy a resolver los problemas y el malestar generados en mis empleados por esta medida?
¿Vale la pena emprender en este país?
Si mejora el negocio, porque consigo exportar o producir más barato, ¿cuánto más me sacaran?
¿Mientras dure la crisis debo asumir que no habrá seguridad jurídica?
¿De verdad vale la pena considerar incrementos de personal en este contexto?
¿Porqué puede el Gobierno tomar estas medidas tan lesivas e inesperadas tan fácilmente?
¿Merece la pena desarrollar nuevas ideas cuando el contexto puede cambiar tan fácilmente?
¿Por qué el Gobierno no se ve obligado a reducir sus gastos estructurales? ¿si tarda en llegar la recuperación y siguen cayendo los ingresos, hasta donde pueden llegar la deuda pública y la presión fiscal?
¿Cómo se va a pagar la deuda pública actual con está política? ¿de donde pensarán obtener recursos adicionales?
¿Es cada vez más posible que nos convirtamos en una economía personalista y planificada, tipo Venezuela o Argentina?
La respuesta a tanta incertidumbre es sencilla: menor inversión, cierres, menor contratación... No es que los empresarios seamos malvados, como dicen algunos de los libros de texto que circulan por nuestros colegios aprobados por el mismo Gobierno de España que nos está fundiendo a impuestos y tasas. Es porque mantener una empresa, sus trabajadores, pagar a los proveedores, a los accionistas, requiere ventas, (que son impredecibles), y gestión para ajustar a las ventas que se obtienen. Cuanto menos podemos gestionar estos factores, (por nuevas sorpresas desde el Gobierno, por cambios en la legislación, por nuevos costes obligatorios), la única solución posible es minimizarlos. Y desconfiar del Gobierno y de la seguridad jurídica que nos debería ofrecer es el peor escenario al que nos podemos enfrentar.
Este Gobierno, que en teoría debería ser de corte más liberal que el anterior del PSOE, está optando por una política económica de trinchera, apurando al límite la extracción de la última gota de jugo principalmente de asalariados y pequeños y medianos empresarios.
No compro el argumento de que no se puede hacer otra cosa, porque no es cierto. La falta de ingresos es cierta, pero recortando de forma seria y responsable el gasto público estructural y manteniendo o rebajando impuestos estaríamos mucho mejor que donde estamos, y con un plazo de superación de la crisis mucho más corto.
Hasta ahora el primer envite les ha permitido superar el primer bache, y por ello ahondan en la herida, creyendo que va a ser lo mismo... pero NO LO VA A SER:
- La presión recaudatoria derivada de organismos públicos o con algo o gran intervención pública, aumentos en el IVA, el IRPF, el IBI, el IVTM, la luz, el gas, unido a la bajada de salarios y al descenso del consumo han puesto definitivamente al límite a asalariados y empresarios. Los asalariados porque una parte fundamental de su estructura de gasto es más cara, anulando los efectos de las caídas de precio de productos y servicios ofertados por el sector privado "puro", qué si se ha ajustado. Los empresarios por similares razones, tienen que hacer frente a menores ingresos por ventas, y se encuentran con que por un lado IVA e IRPF dan una dentellada adicional al ya escueto consumo y por otro lado gran parte de sus gastos se comportan en la dirección opuesta a la esperada.
- En este contexto, llega un nuevo e inesperado golpe, en forma de incremento de cotización a la seguridad social, incluyendo la incorporación a la cotización de elementos que antes no lo hacían. Este golpe se produce en enero, cuando las empresas han cerrado sus presupuestos y elaborado su estrategia para el año.
El fondo del argumento que esgrimirá el gobierno es que esta subida no es sustancial, que tendrá un impacto mínimo y que no es un problema para la gestión de las Pymes. Pero es una enorme tontería. Lo peor que hace esta medida es generar, a los pequeños, medianos y grandes empresarios, inseguridad. Los empresarios estamos acostumbrados a la inseguridad, principalmente la que viene de las ventas, pero que provenga del sector público pone muy nervioso, y con razón. Por si acaso lee este blog el Sr. Montoro, éstas son algunas de las preguntas que nos hacemos:
¿Qué pasara mañana si les falta más dinero, qué más cambiarán sin contar conmigo?
¿Vale la pena que me arriesgue a intentar sobrevivir un año más, si con otro golpe imprevisto de éstos voy a acabar cerrando?
¿Cómo afectará esta decisión al consumo y a mis ventas? ¿Cómo voy a resolver los problemas y el malestar generados en mis empleados por esta medida?
¿Vale la pena emprender en este país?
Si mejora el negocio, porque consigo exportar o producir más barato, ¿cuánto más me sacaran?
¿Mientras dure la crisis debo asumir que no habrá seguridad jurídica?
¿De verdad vale la pena considerar incrementos de personal en este contexto?
¿Porqué puede el Gobierno tomar estas medidas tan lesivas e inesperadas tan fácilmente?
¿Merece la pena desarrollar nuevas ideas cuando el contexto puede cambiar tan fácilmente?
¿Por qué el Gobierno no se ve obligado a reducir sus gastos estructurales? ¿si tarda en llegar la recuperación y siguen cayendo los ingresos, hasta donde pueden llegar la deuda pública y la presión fiscal?
¿Cómo se va a pagar la deuda pública actual con está política? ¿de donde pensarán obtener recursos adicionales?
¿Es cada vez más posible que nos convirtamos en una economía personalista y planificada, tipo Venezuela o Argentina?
La respuesta a tanta incertidumbre es sencilla: menor inversión, cierres, menor contratación... No es que los empresarios seamos malvados, como dicen algunos de los libros de texto que circulan por nuestros colegios aprobados por el mismo Gobierno de España que nos está fundiendo a impuestos y tasas. Es porque mantener una empresa, sus trabajadores, pagar a los proveedores, a los accionistas, requiere ventas, (que son impredecibles), y gestión para ajustar a las ventas que se obtienen. Cuanto menos podemos gestionar estos factores, (por nuevas sorpresas desde el Gobierno, por cambios en la legislación, por nuevos costes obligatorios), la única solución posible es minimizarlos. Y desconfiar del Gobierno y de la seguridad jurídica que nos debería ofrecer es el peor escenario al que nos podemos enfrentar.
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